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Evaluar a
los profesores
Manuel
Pérez Rocha
Los gobiernos de Estados Unidos
e Inglaterra promovieron un ranking de
cardiólogos basado en el número de pacientes que salían adelante de sus
padecimientos. Pronto vieron que, efecto de esa lista, los médicos buscaban
hacerse cargo preferentemente de los casos no complicados, de modo que sus
éxitos fueran más numerosos. Por supuesto, los enfermos más graves empezaron a
ser desatendidos.
Lo mismo ocurre con los
profesores de Estados Unidos que son premiados por los resultados de sus
estudiantes en exámenes nacionales estandarizados: evitan responsabilizarse de
alumnos, grupos o sectores de estudiantes con mayores necesidades o
debilidades. Este es uno de los efectos perversos de llevar la competencia a
espacios de servicio que deben guiarse por un principio de colaboración y
garantizar mayor y mejor atención a los más necesitados.
En las últimas semanas, en
México ha habido varios pronunciamientos respecto del trabajo de nuestros
profesores. La OCDE generó, mediante un dadivoso contrato que le otorgó la SEP,
una propuesta de acciones, la mayoría dirigidas al trabajo de los docentes, que
esta secretaría asumió como “acuerdo con esa organización”. Al mismo tiempo, el
organismo Mexicanos Primero difundió una evaluación de la enseñanza mexicana,
cuyas deficiencias atribuye de manera central a los docentes y a su sindicato;
posteriormente la presidenta vitalicia del SNTE rechazó tales juicios y anunció
que se establecerá un nuevo sistema de evaluación del magisterio.
No sorprende la similitud de
los planteamientos respecto de los maestros mexicanos que hacen la OCDE, la SEP
y la derecha mexicana con las posturas de la derecha estadunidense, la cual ha
venido impulsando, durante décadas recientes, sistemas de evaluación de los
profesores que han sido desastrosos para la educación de ese país. Esta no es
una opinión personal, es el resultado de acuciosas investigaciones, con datos
duros, analizados por los más prestigiados educadores estadunidenses.
La problemática es expuesta
con todo rigor en un documento publicado recientemente por el Instituto de
Políticas Económicas (EPI, por sus siglas en inglés) con sede en Washington (www.epi.org). El documento
está firmado por las principales autoridades en la materia de Estados Unidos,
especialistas de peso completo, todos ellos autores de múltiples libros sobre
estos temas. Si se revisa la lista de firmantes queda claro que no se trata de
meros ideólogos u oportunistas políticos de oposición. Estos especialistas,
junto con el EPI, han promovido un movimiento que pugna por un “enfoque amplio
y sólido de la educación”, al cual se han sumado ya más de un centenar de
académicos y educadores estadunidenses (www.bolderapproach.org).
Todos los interesados en este
tema deberían estudiar con seriedad esas experiencias antes de aventurarse con
la imposición de sistemas de evaluación de profesores que parecen de “sentido
común” y se proponen como base de políticas que se impulsan como “moralmente
imperiosas”, por ejemplo pago por resultados, identificados éstos con los
puntos logrados por los estudiantes en pruebas nacionales estandarizadas
(Enlace u otras).
Concluyen esos especialistas
estadunidenses que es un desatino el que en algunos estados de EU se estén
promoviendo leyes que establecen evaluaciones de los maestros con base en los
resultados de los estudiantes en exámenes de matemáticas y lectura –aun con el
modelo del “valor agregado” (cuya explicación y análisis ameritan más espacio
que el disponible)– y que con base en estas evaluaciones se tomen decisiones
tales como premiar a los profesores o despedirlos. Los firmantes de ese
documento expresan que no hay evidencia de que los profesores se motiven para
lograr mejores aprendizajes de sus estudiantes por recibir una compensación
económica, tampoco la hay de que los docentes despedidos son los más
deficientes ni que vayan a ser remplazados por otros más efectivos. Aun con
modelos de valor agregado construidos con bases estadísticas impensables para
nuestro país, los resultados de dichas evaluaciones de los profesores
estadunidenses no son, a juicio de los autores del estudio hecho público por el
EPI, válidos ni confiables.
Pero las propuestas derivadas
de ese estudio sí son pertinentes para nuestro país: los maestros deben ser
evaluados por sus pares y supervisores competentes, con protocolos de
observación sistemáticos, con criterios bien desarrollados y basados en la
investigación para examinar la enseñanza, incluyendo entrevistas, observación
en clase, revisión de los planes de clase y muestras de los trabajos de los
estudiantes.
Por otro lado, evaluar a los
estudiantes con base en los resultados de exámenes nacionales (tema que amerita
varias páginas) tiene múltiples efectos perversos acerca de los cuales
advierten los autores del estudio. Uno es que promueven que los maestros
“enseñen para el examen”, lo cual empobrece la enseñanza, advertencia que han
hecho varios especialistas en nuestro país. Otra conclusión fundamental y de
aplicación en nuestro medio – conocida por los educadores mexicanos desde hace
muchas décadas– es que las mejores escuelas son aquellas que trabajan guiadas
por el principio de la colaboración y no de la competencia, aquellas en las que
todos los profesores cooperan para lograr que cada estudiante alcance el pleno
desarrollo de sus potencialidades.
La Jornada
24 de nov. 2010
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